En inextenso, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos en la Rep\u00fablica Dominicana:<\/p>\n\n\n\n
\u201cInformes de pa\u00eds de 2019 sobre pr\u00e1cticas de derechos humanos: Rep\u00fablica Dominicana. 11 de marzo de 2020<\/p>\n\n\n\n
RESUMEN EJECUTIVO<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Rep\u00fablica Dominicana es una democracia constitucional representativa. En 2016, Danilo Medina, del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD), fue reelegido presidente por un segundo mandato de cuatro a\u00f1os. Observadores externos imparciales evaluaron la elecci\u00f3n como generalmente libre y ordenada.<\/p>\n\n\n\n La Polic\u00eda Nacional y la Polic\u00eda de Turismo mantienen la seguridad interna. Reportan al Ministro del Interior y de la Polic\u00eda y, a trav\u00e9s de \u00e9l, al presidente. La Autoridad de Seguridad del Aeropuerto, la Autoridad de Seguridad Portuaria y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tienen algunas responsabilidades de seguridad dom\u00e9stica e informan al Ministerio de las Fuerzas Armadas y, a trav\u00e9s de ese ministerio, al presidente. La Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas, que cuenta con personal tanto de la polic\u00eda como de las fuerzas armadas, informa directamente al presidente. El Departamento Nacional de Inteligencia informa directamente al presidente. Tanto la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas como el Departamento Nacional de Inteligencia tienen importantes responsabilidades de seguridad dom\u00e9stica. Las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tortura por parte de la polic\u00eda y otros agentes del gobierno; Detenci\u00f3n arbitraria; condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales; interferencia arbitraria con la privacidad; graves problemas con la independencia del poder judicial; difamaci\u00f3n criminal para periodistas individuales; grave corrupci\u00f3n gubernamental; violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transg\u00e9nero e intersexuales (LGBTI); y trabajo forzado e infantil.<\/p>\n\n\n\n El gobierno tom\u00f3 algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupci\u00f3n oficiales, especialmente entre los altos funcionarios.<\/p>\n\n\n\n Secci\u00f3n 1. Respeto por la integridad de la persona, incluida la libertad de:<\/strong> B. DESAPARICION C. TORTURA Y OTROS TRATAMIENTOS O CASTIGOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aunque la ley proh\u00edbe la tortura, las palizas y el abuso f\u00edsico, hubo informes de que miembros de la fuerza de seguridad, principalmente polic\u00edas, llevaron a cabo tales pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n La NHRC inform\u00f3 que la polic\u00eda utiliz\u00f3 varias formas de abuso f\u00edsico y mental para obtener confesiones de sospechosos detenidos. Seg\u00fan la NHRC, los m\u00e9todos abusivos inclu\u00edan cubrir las cabezas de los detenidos con bolsas de pl\u00e1stico, golpearlos con mangos de escoba, obligarlos a permanecer de pie durante la noche y golpearlos en los o\u00eddos con pu\u00f1os enguantados o espuma de muebles dura para no dejar marcas.<\/p>\n\n\n\n En marzo, Amnist\u00eda Internacional public\u00f3 un informe que detalla incidentes de violaci\u00f3n y abuso policial por parte de las trabajadoras sexuales. Casi la mitad de las v\u00edctimas eran mujeres transg\u00e9nero. Testificaron que la polic\u00eda los viol\u00f3 a punta de pistola y amenaz\u00f3 con arrestarlos o matarlos si no cumpl\u00edan con las demandas sexuales de la polic\u00eda. El informe sugiri\u00f3 que los coroneles y otros altos oficiales de polic\u00eda participaron en estos actos.<\/p>\n\n\n\n CONDICIONES DEL CENTRO DE PRISIONES Y DETENCIONES<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las condiciones de las c\u00e1rceles iban desde el cumplimiento general de las normas internacionales en las c\u00e1rceles de \u201cmodelo nuevo\u201d (centros de rehabilitaci\u00f3n correccional o CRC) hasta las duras y potencialmente mortales en las c\u00e1rceles de \u201cmodelo antiguo\u201d. Las amenazas a la vida y la salud inclu\u00edan enfermedades contagiosas, condiciones sanitarias inadecuadas, atenci\u00f3n m\u00e9dica inadecuada, falta de guardias de prisi\u00f3n bien entrenados y violencia entre prisioneros, todo lo cual se exacerb\u00f3 en las prisiones severamente abarrotadas y antiguas.<\/p>\n\n\n\n Condiciones f\u00edsicas:<\/strong> el hacinamiento fue un problema en las c\u00e1rceles de modelos antiguos. La Direcci\u00f3n de Prisiones inform\u00f3 que, a partir de septiembre, hab\u00eda 17.428 prisioneros en las c\u00e1rceles de modelos antiguos y 9.354 en los CRC, una proporci\u00f3n que se mantuvo constante durante los \u00faltimos a\u00f1os porque las c\u00e1rceles de modelos antiguos no se hab\u00edan eliminado. La Victoria, la prisi\u00f3n m\u00e1s antigua, ten\u00eda 7.758 reclusos, aunque fue dise\u00f1ada para una capacidad m\u00e1xima de 2.011. La poblaci\u00f3n de reclusos en las 19 c\u00e1rceles del antiguo modelo excedi\u00f3 la capacidad, mientras que solo uno de los 22 CRC super\u00f3 su capacidad.<\/p>\n\n\n\n Los reclusos policiales y militares recibieron un trato preferencial, al igual que aquellos con los medios financieros para alquilar un espacio preferencial para camas y comprar otras necesidades.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Direcci\u00f3n de Prisiones, el personal militar y policial vigilaba las prisiones antiguas, mientras que un cuerpo civil capacitado vigilaba los CRC. Los informes de maltrato y violencia en las antiguas c\u00e1rceles modelo eran comunes, al igual que los informes de acoso, extorsi\u00f3n y registros inapropiados de visitantes de la prisi\u00f3n. Algunas c\u00e1rceles antiguas permanecieron efectivamente fuera del control de las autoridades, y hubo informes de tr\u00e1fico de drogas, tr\u00e1fico de armas, prostituci\u00f3n y abuso sexual. Los guardias de las antiguas c\u00e1rceles a menudo controlaban solo el per\u00edmetro, mientras que los internos controlaban el interior con sus propias reglas y sistema de justicia. Aunque la ley ordena la separaci\u00f3n de los prisioneros seg\u00fan la gravedad del delito, las autoridades no lo hicieron.<\/p>\n\n\n\n En las antiguas c\u00e1rceles modelo, las condiciones sanitarias y de salud eran generalmente inadecuadas. Los presos a menudo dorm\u00edan en el suelo porque no hab\u00eda camas disponibles. Los funcionarios de la prisi\u00f3n no separaron a los reclusos enfermos. Los retrasos en la recepci\u00f3n de atenci\u00f3n m\u00e9dica fueron comunes tanto en las antiguas c\u00e1rceles como en los CRC. Todas las c\u00e1rceles ten\u00edan enfermer\u00edas, pero la mayor\u00eda de las enfermer\u00edas no satisfac\u00edan las necesidades de la poblaci\u00f3n carcelaria. En la mayor\u00eda de los casos, los reclusos ten\u00edan que comprar sus propios medicamentos o confiar en los miembros de la familia o asociados externos para que les dieran medicamentos. La enfermedad fue la causa principal de muertes reportadas en el sistema penitenciario. Seg\u00fan la Direcci\u00f3n de Prisiones, todas las prisiones proporcionaron tratamiento contra el VIH \/ SIDA, pero la CNDH declar\u00f3 que ninguna de las antiguas c\u00e1rceles modelo estaba debidamente equipada para proporcionar dicho tratamiento.<\/p>\n\n\n\n En los CRC, algunos presos con discapacidades mentales recibieron tratamiento, incluida terapia, para sus afecciones. En las antiguas c\u00e1rceles, el gobierno no prestaba servicios a los presos con discapacidad mental. El gobierno inform\u00f3 que hab\u00eda instalado rampas para sillas de ruedas en algunas c\u00e1rceles para prisioneros con discapacidades f\u00edsicas. Las ONG afirmaron que la mayor\u00eda de las c\u00e1rceles todav\u00eda no proporcionaban acceso a los reclusos con discapacidad.<\/p>\n\n\n\n La Organizaci\u00f3n Internacional para las Migraciones (OIM) inform\u00f3 que los centros de detenci\u00f3n de migrantes no estaban equipados adecuadamente para dar cabida a un gran n\u00famero de detenidos y en ocasiones estaban superpoblados. Los representantes de la OIM se\u00f1alaron que los centros necesitaban mejores instalaciones sanitarias, mejor acceso al agua potable y m\u00e1s estructuras para proteger a los detenidos del sol. La Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n generalmente proporcion\u00f3 alimentos a los detenidos en la frontera con Hait\u00ed, pero a veces solicit\u00f3 el apoyo de la OIM.<\/p>\n\n\n\n Administraci\u00f3n: Las autoridades investigaron denuncias cre\u00edbles de maltrato.<\/p>\n\n\n\n Monitoreo independiente: El gobierno permiti\u00f3 visitas a prisiones y monitoreo por observadores no gubernamentales, organizaciones internacionales y medios de comunicaci\u00f3n financiados y operados de manera independiente. La NHRC, la Oficina Nacional de Defensa P\u00fablica (NOPD), la Oficina del Fiscal General y la administraci\u00f3n de prisiones de la CRC crearon juntas comit\u00e9s de derechos humanos en cada CRC que estaban autorizados para realizar visitas sorpresa. El acceso a los centros de detenci\u00f3n de migrantes para su seguimiento no se otorgaba sistem\u00e1ticamente a las organizaciones de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n D. DETENCI\u00d3N O DETENCI\u00d3N ARBITRARIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n La constituci\u00f3n proh\u00edbe la detenci\u00f3n sin una orden judicial a menos que las autoridades detengan a un sospechoso durante la comisi\u00f3n de un delito o en otras circunstancias especiales. La ley permite la detenci\u00f3n sin cargo por hasta 48 horas. La constituci\u00f3n establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su detenci\u00f3n en la corte, y el gobierno generalmente cumpli\u00f3 con este requisito. El arresto y la detenci\u00f3n arbitrarios fueron problemas, y hubo numerosos informes de personas detenidas y luego liberadas con poca o ninguna explicaci\u00f3n de la detenci\u00f3n. Las ONG informaron que muchos detenidos fueron detenidos en la escena de un crimen o durante una redada de drogas. En muchos casos, las autoridades tomaron huellas digitales, interrogaron y luego liberaron a los detenidos.<\/p>\n\n\n\n PROCEDIMIENTOS DE DETENCI\u00d3N Y TRATAMIENTO DE DETENIDOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ley establece que una persona acusada puede ser detenida por hasta 48 horas sin una orden judicial antes de ser presentada a las autoridades judiciales. La ley tambi\u00e9n permite a la polic\u00eda detener sin una orden de arresto a cualquier persona atrapada en el acto de cometer un delito o razonablemente vinculada a un delito, como los casos que involucran persecuci\u00f3n caliente o prisioneros escapados. La polic\u00eda a veces detuvo a sospechosos para investigaci\u00f3n o interrogatorio por m\u00e1s de 48 horas. La polic\u00eda a menudo deten\u00eda a todos los sospechosos y testigos de un delito. Las exitosas audiencias de h\u00e1beas corpus redujeron significativamente los abusos de la ley. Hab\u00eda un sistema de fianza en funcionamiento y un sistema de arresto domiciliario, pero estas disposiciones rara vez se usaban en casos que involucraban a extranjeros.<\/p>\n\n\n\n La ley exige la provisi\u00f3n de asesoramiento a los acusados \u200b\u200bindigentes, aunque los niveles de personal eran inadecuados para satisfacer la demanda. El NOPD brinda asistencia legal gratuita a quienes no pueden pagar un abogado. En marzo, el director del NOPD declar\u00f3 que el NOPD ten\u00eda solo 124 abogados, y muchas provincias no ten\u00edan representaci\u00f3n del NOPD. Muchos detenidos y presos que no pod\u00edan pagar un abogado privado no tuvieron acceso inmediato a un abogado. Los fiscales y los jueces manejaron los interrogatorios de menores, ya que la ley proh\u00edbe los interrogatorios de menores por o en presencia de la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Arresto arbitrario<\/strong>: la polic\u00eda realiz\u00f3 barridos o rodeos espor\u00e1dicos en comunidades de bajos ingresos y alta delincuencia durante las cuales arrestaron y detuvieron a personas sin orden judicial. Durante estas operaciones, la polic\u00eda arrest\u00f3 a un gran n\u00famero de residentes y confisc\u00f3 bienes personales presuntamente utilizados en actividades delictivas.<\/p>\n\n\n\n La OIM inform\u00f3 casos de migrantes haitianos y sus hijos, as\u00ed como de personas percibidas como tales, detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar documentos de inmigraci\u00f3n o ciudadan\u00eda de sus residencias. Tambi\u00e9n hubo informes de deportaciones de ni\u00f1os no acompa\u00f1ados y de deportar a mujeres que dejaron a ni\u00f1os atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n Los representantes de la organizaci\u00f3n de la sociedad civil dijeron que algunas deportaciones consist\u00edan en llevar a personas a trav\u00e9s de la frontera sin ning\u00fan registro de hacerlo. La OIM inform\u00f3 que la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n se refiri\u00f3 a estos casos como \u201cdevoluciones\u201d o \u201cno admitidas\u201d, y que no existe un debido proceso para tales operaciones. La OIM trabaj\u00f3 con el gobierno para establecer un sistema para personas no admitidas.<\/p>\n\n\n\n Detenci\u00f3n preventiva: muchos sospechosos soportaron una larga detenci\u00f3n preventiva. Un juez puede ordenar la detenci\u00f3n entre tres y 18 meses. Seg\u00fan la Direcci\u00f3n de Prisiones, a septiembre, el 67 por ciento de los reclusos en las c\u00e1rceles de modelos antiguos estaban bajo custodia preventiva, en comparaci\u00f3n con el 51 por ciento de los presos en los CRC. El tiempo promedio de detenci\u00f3n preventiva fue de tres meses, pero hubo informes de detenciones preventivas que duraron hasta tres a\u00f1os, incluidos casos de ciudadanos extranjeros. El tiempo cumplido en prisi\u00f3n preventiva cuenta para completar una sentencia.<\/p>\n\n\n\n El hecho de que las autoridades penitenciarias no produjeran detenidos para audiencias judiciales caus\u00f3 algunos aplazamientos del juicio. A muchos reclusos se les pospusieron las fechas de la corte debido a la falta de transporte de la prisi\u00f3n a la corte o porque su abogado, acusados, int\u00e9rpretes o testigos no comparecieron. A pesar de las protecciones para los acusados \u200b\u200ben la ley, en algunos casos las autoridades retuvieron a los presos m\u00e1s all\u00e1 de los plazos legalmente obligatorios, incluso cuando no hubo cargos formales contra ellos.<\/p>\n\n\n\n E. NEGACI\u00d3N DE JUICIO P\u00daBLICO JUSTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ley establece un poder judicial independiente; sin embargo, el gobierno no respet\u00f3 la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada. La interferencia vari\u00f3 desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de denuncias de soborno o presi\u00f3n pol\u00edtica indebida. El poder judicial desestim\u00f3 rutinariamente los casos de corrupci\u00f3n de alto nivel. La corrupci\u00f3n del poder judicial era un problema grave. El NOPD inform\u00f3 que la forma m\u00e1s frecuente de interferencia con las \u00f3rdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de h\u00e1beas corpus para liberar a los detenidos.<\/p>\n\n\n\n PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ley establece el derecho a la defensa en un juicio justo y p\u00fablico; sin embargo, el poder judicial no siempre hizo cumplir este derecho. Los tribunales frecuentemente excedieron el per\u00edodo m\u00e1ximo de tiempo establecido por la ley para establecer fechas de audiencia.<\/p>\n\n\n\n La ley establece una presunci\u00f3n de inocencia. La Oficina del Fiscal de Distrito debe notificar a los acusados \u200b\u200by sus abogados de los cargos penales. Los acusados \u200b\u200btienen derecho a estar presentes en su juicio y consultar con un abogado de manera oportuna. Los indigentes tienen derecho a un defensor p\u00fablico, pero el director de la Oficina del Defensor P\u00fablico dijo que el n\u00famero de defensores p\u00fablicos era insuficiente. Los acusados \u200b\u200btienen el tiempo y las instalaciones adecuadas para preparar una defensa. La ley prev\u00e9 la interpretaci\u00f3n libre seg\u00fan sea necesario. La ley establece el derecho a confrontar o interrogar a los testigos y el derecho contra la autoinculpaci\u00f3n. Los acusados \u200b\u200btienen derecho a presentar sus propios testigos y pruebas. La constituci\u00f3n establece el derecho de apelar y proh\u00edbe que los tribunales superiores aumenten las penas de los tribunales inferiores.<\/p>\n\n\n\n Los tribunales militares y policiales comparten jurisdicci\u00f3n sobre casos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad. Los tribunales militares tienen jurisdicci\u00f3n sobre los casos de violaciones de las normas y reglamentos militares. Los tribunales penales civiles manejan casos de asesinatos y otros delitos graves presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n PRISIONEROS Y DETENIDOS POL\u00cdTICOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n No hubo informes de presos o detenidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS JUDICIALES CIVILES<\/strong><\/p>\n\n\n\n Existen sistemas judiciales separados para el derecho penal, el derecho mercantil y civil y el derecho laboral. Seg\u00fan los informes, los tribunales comerciales y civiles tuvieron demoras prolongadas en la adjudicaci\u00f3n de casos, aunque sus decisiones finales generalmente se aplicaron. Al igual que en los tribunales penales, la influencia pol\u00edtica y econ\u00f3mica indebida en las decisiones de los tribunales civiles sigui\u00f3 siendo un problema.<\/p>\n\n\n\n Los ciudadanos tienen el recurso de presentar un amparo, una acci\u00f3n para buscar reparaci\u00f3n de cualquier violaci\u00f3n de un derecho constitucional, incluidas las violaciones de los derechos humanos. Este remedio fue utilizado con poca frecuencia y solo por aquellos con asesor\u00eda legal sofisticada.<\/p>\n\n\n\n F. INTERFERENCIA ARBITRARIA O ILEGAL CON PRIVACIDAD, FAMILIA, HOGAR O CORRESPONDENCIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ley proh\u00edbe la entrada arbitraria en una residencia privada, excepto cuando la polic\u00eda est\u00e1 persiguiendo a un sospechoso, un sospechoso es atrapado en el acto de cometer un delito, o la polic\u00eda sospecha que una vida est\u00e1 en peligro. La ley establece que todas las dem\u00e1s entradas a una residencia privada requieren una orden de arresto o registro emitida por un juez. Sin embargo, la polic\u00eda realiz\u00f3 registros e incautaciones ilegales, incluidas muchas redadas sin orden judicial en residencias privadas en barrios pobres.<\/p>\n\n\n\n Grupos de derechos humanos, pol\u00edticos de oposici\u00f3n y periodistas cr\u00edticos con el gobierno alegaron que el gobierno us\u00f3 escuchas telef\u00f3nicas no autorizadas, monitore\u00f3 correos electr\u00f3nicos privados y otros m\u00e9todos subrepticios para interferir con la vida privada de individuos y familias. El gobierno neg\u00f3 esto. Los partidos pol\u00edticos de oposici\u00f3n alegaron que los funcionarios del gobierno a veces amenazaron a sus subordinados con la p\u00e9rdida de empleo y otros beneficios para obligarlos a apoyar a los candidatos PLD.<\/p>\n\n\n\n Secci\u00f3n 2. Respeto a las libertades civiles, incluyendo:<\/strong> La constituci\u00f3n establece la libertad de expresi\u00f3n, incluso para la prensa, y el gobierno generalmente respet\u00f3 este derecho. Los medios expresaron una amplia variedad de puntos de vista, pero la concentraci\u00f3n de la propiedad de los medios, las debilidades en el poder judicial y la influencia pol\u00edtica limitaron la independencia de los medios.<\/p>\n\n\n\n Libertad de expresi\u00f3n:<\/strong> las personas y los grupos en general pudieron criticar al gobierno de manera p\u00fablica y privada sin represalias, aunque hubo varios incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa. En septiembre, un programa de noticias de televisi\u00f3n presentado por un conocido periodista fue cancelado dos d\u00edas despu\u00e9s de presentar un informe de investigaci\u00f3n alegando que la hermana del fiscal general recibi\u00f3 contratos gubernamentales sin licitaci\u00f3n por valor de 750 millones de pesos ($ 15 millones), posicion\u00e1ndola como la \u00fanica proveedora de asfalto productos al gobierno. El programa demostr\u00f3 que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del Ministerio de Obras P\u00fablicas. El periodista aleg\u00f3 que su programa fue cancelado despu\u00e9s de que el fiscal general llam\u00f3 al due\u00f1o de la estaci\u00f3n y amenaz\u00f3 con acciones legales. El 30 de septiembre, la asociaci\u00f3n de periodistas realiz\u00f3 una conferencia de prensa denunciando la interferencia pol\u00edtica para silenciar los informes sobre corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Violencia y acoso:<\/strong> los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicaci\u00f3n fueron ocasionalmente acosados \u200b\u200bo atacados f\u00edsicamente. Algunos medios informaron que periodistas, espec\u00edficamente en \u00e1reas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupci\u00f3n oficial. En octubre, un comentarista de televisi\u00f3n local en la provincia de Monte Plata inform\u00f3 que recibi\u00f3 amenazas debido a su cobertura cr\u00edtica de las conexiones de los pol\u00edticos locales con los narcotraficantes. La Asociaci\u00f3n Interamericana de Prensa inform\u00f3 que los periodistas sufrieron ataques violentos por parte de los detalles de seguridad militares y policiales de los funcionarios del gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n Algunos medios de comunicaci\u00f3n optaron por omitir las l\u00edneas generales de los periodistas que informan sobre el tr\u00e1fico de drogas y otros asuntos de seguridad para proteger a los periodistas individuales.<\/p>\n\n\n\n Censura o restricciones de contenido<\/strong>: la constituci\u00f3n establece la protecci\u00f3n de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas e incluye una \u201ccl\u00e1usula de conciencia\u201d que permite a los periodistas rechazar las tareas de denuncia. Los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podr\u00eda afectar negativamente los intereses econ\u00f3micos o pol\u00edticos de los propietarios de los medios. Los observadores sugirieron que el gobierno influy\u00f3 en la prensa a trav\u00e9s de contratos publicitarios. Una destacada periodista que present\u00f3 un programa de televisi\u00f3n de noticias y comentarios de alta calificaci\u00f3n declar\u00f3 que su salida de los medios tradicionales fue un ejemplo de la influencia del gobierno en los medios de comunicaci\u00f3n. Destac\u00f3 que el gobierno gast\u00f3 cerca de 12.5 millones de pesos ($ 250,000 diarios) en anuncios.<\/p>\n\n\n\n Leyes de difamaci\u00f3n \/ calumnia:<\/strong> la ley penaliza la difamaci\u00f3n y el insulto, con castigos m\u00e1s severos por delitos cometidos contra figuras p\u00fablicas o estatales que por delitos contra particulares. El Colegio Dominicano de Periodistas inform\u00f3 que los periodistas fueron demandados por pol\u00edticos, funcionarios gubernamentales y el sector privado para presionarlos para que dejaran de informar. La ley penaliza la difamaci\u00f3n por declaraciones relacionadas con la vida privada de ciertas figuras p\u00fablicas, incluidos funcionarios del gobierno y jefes de estado extranjeros.<\/p>\n\n\n\n En julio, el Tribunal Constitucional anul\u00f3 un art\u00edculo en la ley electoral que establece penas de prisi\u00f3n de tres a 10 a\u00f1os por mensajes difamatorios y difamatorios y por campa\u00f1as falsas publicadas en los medios que da\u00f1an el honor y la privacidad de los candidatos pol\u00edticos. El tribunal dictamin\u00f3 que el art\u00edculo violaba el derecho a la libertad de expresi\u00f3n establecido en la constituci\u00f3n. El tribunal tambi\u00e9n declar\u00f3 inconstitucional un p\u00e1rrafo en la ley que penalizaba la publicaci\u00f3n de mensajes negativos en las redes sociales que da\u00f1an la imagen p\u00fablica de los candidatos.<\/p>\n\n\n\n LIBERTAD DE INTERNET<\/strong> LIBERTAD ACAD\u00c9MICA Y EVENTOS CULTURALES<\/strong> B. LIBERTADES DE ASAMBLEA Y ASOCIACI\u00d3N PAC\u00cdFICA<\/strong> C. LIBERTAD DE RELIGI\u00d3N<\/strong> Devoluci\u00f3n<\/strong>: aunque la constituci\u00f3n proh\u00edbe la detenci\u00f3n administrativa y la ley establece que los solicitantes de asilo no deben ser detenidos bajo ninguna circunstancia, hubo informes de personas potencialmente necesitadas de protecci\u00f3n internacional en las que se les neg\u00f3 la admisi\u00f3n en el punto de entrada y posteriormente fueron deportadas a sus pa\u00edses de origen. origen sin tener acceso al proceso de asilo (ver tambi\u00e9n la secci\u00f3n 1.d.).<\/p>\n\n\n\n Acceso al asilo:<\/strong> la ley determinadas la concesi\u00f3n del asilo o la condici\u00f3n de refugiado. Si bien el gobierno ha establecido un sistema para brindar protecci\u00f3n a los refugiados, no lo implementamos de manera efectiva. El gobierno reconoci\u00f3 y emiti\u00f3 documentos de identidad a muy pocos refugiados durante los \u00faltimos a\u00f1os. El gobierno no respondi\u00f3 a las solicitudes del n\u00famero actual de solicitantes de asilo.<\/p>\n\n\n\n La Oficina Nacional de Refugiados de la Direcci\u00f3n de Migraci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Refugiados (CONARE) es un organismo interministerial responsable de juzgar las solicitudes de asilo. La ley exige que las personas soliciten asilo dentro de los 15 d\u00edas de su llegada al pa\u00eds. Si un solicitante de asilo est\u00e1 en el pa\u00eds por m\u00e1s de 15 d\u00edas y no solicita asilo, el individuo pierde permanentemente el derecho de solicitarlo. La ley tambi\u00e9n rechaza cualquier solicitud de asilo de una persona que estaba en, o que proceda, en un pa\u00eds extranjero donde la persona podr\u00eda haber solicitado asilo. Por lo tanto, el gobierno hace determinaciones de inadmisibilidad administrativamente antes de una entrevista o evaluaci\u00f3n de asilo por parte de CONARE.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan las ONG de refugiados, no se public\u00f3 informaci\u00f3n en los puertos de entrada para notificar el derecho a solicitar asilo, ni el calendario y el proceso para hacerlo. Adem\u00e1s, las ONG informaron que los funcionarios de inmigraci\u00f3n no parec\u00edan entender c\u00f3mo manejar los casos de asilo de acuerdo con los compromisos internacionales del pa\u00eds. Por ley, el gobierno debe dar el debido proceso a los solicitantes de asilo. Las personas que expresen temor a regresar a su pa\u00eds de nacionalidad o residencia habitual deben poder solicitar asilo bajo los procedimientos adecuados. No obstante, en general no hubo revisi\u00f3n judicial de las \u00f3rdenes de deportaci\u00f3n ni revisi\u00f3n de terceros de las determinaciones de \u201ctemor cre\u00edble\u201d.<\/p>\n\n\n\n Funcionarios de la ONU informaron que los solicitantes de asilo no fueron notificados adecuadamente de las decisiones de inadmisibilidad. CONARE no proporcion\u00f3 a los solicitantes de asilo rechazados detalles sobre los motivos del rechazo de su solicitud de asilo ni informaci\u00f3n sobre el proceso de apelaci\u00f3n. Los solicitantes rechazados recibieron una carta que dec\u00eda que ten\u00edan 30 d\u00edas para abandonar el pa\u00eds voluntariamente. La pol\u00edtica del gobierno es que desde el momento en que reciben el aviso de denegaci\u00f3n, los solicitantes de asilo rechazados tienen siete d\u00edas para presentar una apelaci\u00f3n. La carta que proporciona el aviso de denegaci\u00f3n no menciona este derecho de apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Funcionarios de la ONU dijeron que la falta de debido proceso en los procedimientos de migraci\u00f3n result\u00f3 en la detenci\u00f3n arbitraria de personas de inter\u00e9s sin revisi\u00f3n administrativa o judicial (ver tambi\u00e9n la secci\u00f3n 1.d.). Como resultado, los solicitantes de asilo y refugiados en el pa\u00eds corr\u00edan el riesgo de devoluci\u00f3n y detenci\u00f3n prolongada.<\/p>\n\n\n\n Durante el a\u00f1o, las autoridades gubernamentales participaron en una capacitaci\u00f3n patrocinada por el ACNUR dise\u00f1ada para garantizar que los procedimientos de asilo sean justos, eficientes y sensibles al g\u00e9nero. Sin embargo, continuaron los informes sobre pr\u00e1cticas discriminatorias contra mujeres solicitantes de asilo y refugiadas. El pa\u00eds no implement\u00f3 un sistema de identificaci\u00f3n sensible al g\u00e9nero para las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas, incluidas las posibles v\u00edctimas de trata y explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n\n\n\n Libertad de movimiento:<\/strong> las personas que solicitan asilo a menudo esperaron meses para recibir un certificado como solicitantes de asilo y estar registradas en la base de datos del gobierno. El certificado debe renovarse cada 30 d\u00edas en la oficina nacional en Santo Domingo, lo que obliga a los solicitantes de asilo que viven fuera de Santo Domingo a regresar a la capital mensualmente o perder su solicitud de asilo. Los solicitantes de asilo con casos pendientes solo ten\u00edan este certificado, o nada en absoluto, que presentar para evitar la deportaci\u00f3n. Esto restringi\u00f3 su libertad de movimiento. En los casos en que los solicitantes de asilo aprobados fueron detenidos por falta de documentaci\u00f3n, las organizaciones de refugiados pudieron abogar por su liberaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A algunos refugiados reconocidos por CONARE se les emitieron documentos de viaje que no fueron aceptados en los procesos de solicitud de visa, o no se les emiti\u00f3 ning\u00fan documento de viaje.<\/p>\n\n\n\n Empleo:<\/strong> El gobierno prohibi\u00f3 a los solicitantes de asilo con casos pendientes trabajar. Esta situaci\u00f3n se complic\u00f3 por los largos, a veces indefinidos per\u00edodos de espera para resolver los casos de asilo pendientes. La falta de documentaci\u00f3n tambi\u00e9n dificultaba la b\u00fasqueda de empleo para los refugiados. Sin embargo, el empleo era un requisito para que el gobierno renovara las tarjetas de residencia temporal de los refugiados.<\/p>\n\n\n\n Acceso a servicios b\u00e1sicos:<\/strong> los refugiados aprobados tienen los mismos derechos y responsabilidades que los inmigrantes legales con permisos de residencia temporal. Los refugiados aprobados tienen derecho a acceder a la educaci\u00f3n, el empleo, la atenci\u00f3n m\u00e9dica y otros servicios sociales. No obstante, las organizaciones de refugiados informaron que los problemas persisten. Solo aquellos refugiados que pod\u00edan pagar un seguro de salud pod\u00edan acceder a una atenci\u00f3n m\u00e9dica adecuada. Los refugiados informaron que a veces no se reconoc\u00edan sus n\u00fameros de identificaci\u00f3n emitidos por el gobierno y, por lo tanto, no pod\u00edan abrir una cuenta bancaria ni suscribir contratos de servicios para servicios b\u00e1sicos. Los refugiados tuvieron que depender de amigos o familiares para tales servicios.\u00e7<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan las ONG de refugiados, no se public\u00f3 informaci\u00f3n en los puertos de entrada para notificar el derecho a solicitar asilo, ni el calendario y el proceso para hacerlo. Adem\u00e1s, las ONG informaron que los funcionarios de migraci\u00f3n no parec\u00edan entender c\u00f3mo manejar los casos de asilo de acuerdo con los compromisos internacionales del pa\u00eds. Por ley, el gobierno debe dar el debido proceso a los solicitantes de asilo. Las personas que expresan temor a regresar a su pa\u00eds de nacionalidad o residencia habitual deben poder solicitar asilo bajo los procedimientos requeridos. Sin embargo, en general no hubo revisi\u00f3n judicial de las \u00f3rdenes de deportaci\u00f3n ni revisi\u00f3n de terceros de las determinaciones de \u201ctemor cre\u00edble\u201d.<\/p>\n\n\n\n Funcionarios de la ONU informaron que los solicitantes de asilo no fueron notificados afectados de las decisiones de inadmisibilidad. CONARE no proporcion\u00f3 a los solicitantes de asilo rechazados detalles sobre los motivos del rechazo de su solicitud de asilo ni informaci\u00f3n sobre el proceso de apelaci\u00f3n. Los solicitantes rechazados recibieron una carta que precis\u00f3 que tuvieron 30 d\u00edas para abandonar el pa\u00eds voluntariamente. La pol\u00edtica del gobierno es que desde el momento en que recibi\u00f3 el aviso de denegaci\u00f3n, los solicitantes de asilo rechazados tienen siete d\u00edas para presentar una apelaci\u00f3n. La carta que proporciona el aviso de denegaci\u00f3n no menciona este derecho de apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Funcionarios de la ONU dijeron que la falta de debido proceso en los procedimientos de migraci\u00f3n result\u00f3 en la detenci\u00f3n arbitraria de personas de inter\u00e9s sin revisi\u00f3n administrativa o judicial (ver tambi\u00e9n la secci\u00f3n 1.d.). Como resultado, los solicitantes de asilo y refugiados en el pa\u00eds corr\u00edan el riesgo de devoluci\u00f3n y detenci\u00f3n prolongada.<\/p>\n\n\n\n Durante el a\u00f1o, las autoridades gubernamentales participaron en una capacitaci\u00f3n patrocinada por el ACNUR proces\u00f3 para los procedimientos de asilo sean justos, eficientes y sensibles al g\u00e9nero. Sin embargo, contin\u00fae los informes sobre pr\u00e1cticas discriminatorias contra mujeres solicitantes de asilo y refugiadas. El pa\u00eds no implementa un sistema de identificaci\u00f3n sensible al g\u00e9nero para las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas, incluidas las posibles v\u00edctimas de trata y explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n\n\n\n G. PERSONAS SIN APTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n Un cambio constitucional en 2010 y un fallo del Tribunal Constitucional de 2013 revisaron las leyes de ciudadan\u00eda del pa\u00eds. Un efecto fue despojar retroactivamente la ciudadan\u00eda dominicana de aproximadamente 135,000 personas, en su mayor\u00eda hijos de inmigrantes haitianos indocumentados, a quienes previamente se les hab\u00eda conferido la ciudadan\u00eda dominicana en virtud de jus soli (ciudadan\u00eda por derecho de nacimiento) desde 1929. La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ) encontraron que estas revisiones legales condujeron a la apatridia de las personas que perdieron su ciudadan\u00eda dominicana. Funcionarios de la ONU y ONG dijeron que los cambios legales tuvieron un impacto desproporcionado y negativo en las mujeres y sus hijos, en parte porque la ley trata a las madres nacidas en el extranjero de manera diferente a los padres nacidos en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n Posteriormente, el gobierno aprob\u00f3 una ley que crea un mecanismo para proporcionar documentos de ciudadan\u00eda o un proceso de naturalizaci\u00f3n a las personas ap\u00e1tridas. El mecanismo exacto depend\u00eda del estado documental del individuo en el momento en que cambi\u00f3 la ley de ciudadan\u00eda. En la pr\u00e1ctica, el nuevo mecanismo de documentaci\u00f3n fue solo parcialmente exitoso. Muchas personas ap\u00e1tridas no se registraron para el mecanismo antes de la fecha l\u00edmite.<\/p>\n\n\n\n Las personas nacidas en la Rep\u00fablica Dominicana sin documentos de ciudadan\u00eda o identidad enfrentaron obst\u00e1culos para viajar tanto dentro como fuera del pa\u00eds. Las autoridades intentaron deportar a algunas de estas personas entre 2015 y 2019, pero fueron impedidas por la intervenci\u00f3n de la OIM. Las personas ap\u00e1tridas ten\u00edan acceso limitado a la participaci\u00f3n electoral, trabajos en el sector formal, educaci\u00f3n p\u00fablica, registro de matrimonios y nacimientos, servicios financieros formales como pr\u00e9stamos, procedimientos judiciales y judiciales, y propiedad de tierras y propiedades.<\/p>\n\n\n\n El gobierno acord\u00f3 en 2017 abordar 12 temas prioritarios relacionados con estas personas ap\u00e1tridas. En marzo, la CIDH se\u00f1al\u00f3 que el gobierno hab\u00eda implementado parcialmente soluciones a esta lista de problemas.<\/p>\n\n\n\n Secci\u00f3n 3. Libertad para participar en el proceso pol\u00edtico ELECCIONES Y PARTICIPACI\u00d3N POL\u00cdTICA<\/strong><\/p>\n\n\n\n Elecciones recientes: en 2016, los votantes participaron en elecciones generales para todos los niveles de gobierno y eligieron a Danilo Medina del PLD como presidente para un segundo mandato de cuatro a\u00f1os. La Junta Central Electoral (JCE) instituy\u00f3 un sistema de votaci\u00f3n electr\u00f3nica durante las elecciones de 2016. Seg\u00fan observadores internacionales y expertos en sistemas de votaci\u00f3n electr\u00f3nica, la JCE no sigui\u00f3 los est\u00e1ndares internacionales, ya que no audit\u00f3 ni implement\u00f3 gradualmente el sistema. El d\u00eda de las elecciones, muchos sistemas de votaci\u00f3n electr\u00f3nica fallaron o no se utilizaron. La JCE no anunci\u00f3 resultados oficiales finales con todas las papeletas contadas hasta 13 d\u00edas despu\u00e9s de las elecciones. Muchas carreras municipales y del Congreso permanecieron en disputa durante semanas, lo que provoc\u00f3 protestas espor\u00e1dicas y violencia. El d\u00eda de las elecciones de 2016, la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) y los observadores nacionales observaron una campa\u00f1a pol\u00edtica generalizada inmediatamente fuera de los centros de votaci\u00f3n, en violaci\u00f3n de la ley. Tambi\u00e9n notaron indicios de compra de votos.<\/p>\n\n\n\n Partidos pol\u00edticos y participaci\u00f3n pol\u00edtica:<\/strong> una ley de partidos pol\u00edticos promulgada en agosto de 2018 busca formalizar ciertos procesos de partidos pol\u00edticos, incluidas las primarias de partidos, el financiamiento y el establecimiento de nuevos partidos pol\u00edticos. Las instituciones electorales y los tribunales estaban interpretando e implementando la nueva ley durante el ciclo electoral nacional 2019-20. Por ley, los partidos principales, definidos como aquellos que recibieron el 5 por ciento de los votos o m\u00e1s en las elecciones anteriores, reciben el 80 por ciento de las finanzas p\u00fablicas de la campa\u00f1a, mientras que los partidos menores comparten el 20 por ciento restante de los fondos p\u00fablicos. La OEA y las ONG nacionales criticaron esta asignaci\u00f3n de fondos como desigual e injusta. Grupos de la sociedad civil criticaron al gobierno y al partido titular del PLD por usar fondos p\u00fablicos para pagar la publicidad en los meses previos a las elecciones de 2016, aunque la ley proh\u00edbe el uso de fondos p\u00fablicos para campa\u00f1as. Seg\u00fan los grupos de la sociedad civil, los ingresos de la publicidad gubernamental influyeron en los propietarios de los medios para censurar las voces que no estaban de acuerdo con su cliente m\u00e1s grande, el PLD.<\/p>\n\n\n\n Participaci\u00f3n de mujeres y minor\u00edas:<\/strong> ninguna ley limita la participaci\u00f3n de mujeres o miembros de minor\u00edas en el proceso pol\u00edtico, y s\u00ed participaron. La ley estipula que al menos el 40 por ciento de los nominados de un partido pol\u00edtico deben ser mujeres.<\/p>\n\n\n\n La ley establece sanciones penales por corrupci\u00f3n por parte de funcionarios; sin embargo, el gobierno no implement\u00f3 la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaron en pr\u00e1cticas corruptas con impunidad. El fiscal general investig\u00f3 a presuntos funcionarios corruptos.<\/p>\n\n\n\n Las ONG se\u00f1alaron que el mayor obst\u00e1culo para las investigaciones efectivas fue la falta de voluntad pol\u00edtica para enjuiciar a las personas acusadas de corrupci\u00f3n, en particular las personas bien conectadas o los pol\u00edticos de alto nivel. La corrupci\u00f3n gubernamental sigui\u00f3 siendo un problema grave y una queja p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Corrupci\u00f3n:<\/strong> en septiembre, la Corte Suprema inici\u00f3 un juicio contra seis de los 14 acusados \u200b\u200bacusados \u200b\u200ben 2017 por presuntos v\u00ednculos con $ 92 millones en sobornos pagados por la empresa constructora brasile\u00f1a Odebrecht para obtener contratos de obras p\u00fablicas. Los seis acusados \u200b\u200binclu\u00edan un senador, un representante de la c\u00e1mara baja, un ex senador y un ex ministro de obras p\u00fablicas. La sociedad civil acogi\u00f3 con benepl\u00e1cito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupci\u00f3n, pero los activistas destacaron lo que percib\u00edan como falta de voluntad pol\u00edtica para investigar el caso, que involucraba a las \u00e9lites pol\u00edticas y econ\u00f3micas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n En junio, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n revel\u00f3 que, adem\u00e1s de los $ 92 millones informados p\u00fablicamente en sobornos, Odebrecht distribuy\u00f3 otros $ 39.5 millones en incentivos durante la construcci\u00f3n de la planta de carb\u00f3n de Punta Catalina. Despu\u00e9s de que este informe se hizo p\u00fablico, la Oficina del Fiscal General interrog\u00f3 a consultores financieros involucrados en el proceso de licitaci\u00f3n de la planta, pero no present\u00f3 cargos adicionales. El fiscal general y una comisi\u00f3n designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contrataci\u00f3n de la planta.<\/p>\n\n\n\n Las ONG criticaron la pr\u00e1ctica generalizada de otorgar posiciones gubernamentales como mecenazgo pol\u00edtico. Alegaron que muchos funcionarios recib\u00edan un salario del gobierno sin realizar ning\u00fan trabajo. Algunos municipios peque\u00f1os ten\u00edan m\u00e1s empleados en la n\u00f3mina de lo que pod\u00edan alojar sus oficinas f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n Las ONG y los ciudadanos individuales informaron regularmente actos de corrupci\u00f3n por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de polic\u00eda, funcionarios de inmigraci\u00f3n y funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno utiliz\u00f3 castigos no judiciales por corrupci\u00f3n, incluido el despido o la transferencia de personal militar, polic\u00edas, jueces y otros funcionarios menores. Sin embargo, la aceptaci\u00f3n y tolerancia generalizadas de la corrupci\u00f3n menor obstaculizaron los esfuerzos anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Divulgaci\u00f3n financiera:<\/strong> la ley exige que el presidente, el vicepresidente, los miembros del congreso, algunos jefes de agencias y algunos otros funcionarios, incluidos los recaudadores de impuestos y aduanas, declaren sus bienes personales dentro de los 30 d\u00edas de haber sido contratados, elegidos o reelegidos as\u00ed como cuando terminan sus responsabilidades. Estas declaraciones se hacen p\u00fablicas. La constituci\u00f3n requiere adem\u00e1s que los funcionarios p\u00fablicos declaren la procedencia de su propiedad. La C\u00e1mara de Cuentas es responsable de recibir y revisar estas declaraciones. Muchos funcionarios p\u00fablicos no cumplieron. Las ONG cuestionaron la veracidad de las declaraciones, ya que las cantidades a menudo fluctuaban significativamente de un a\u00f1o a otro, y los activos totales declarados a menudo parec\u00edan poco realistas.<\/p>\n\n\n\n Secci\u00f3n 5. Actitud gubernamental con respecto a la investigaci\u00f3n internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Varias organizaciones nacionales e internacionales generalmente operaron sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Si bien los funcionarios del gobierno a menudo cooperaron y respondieron a sus puntos de vista, los grupos de derechos humanos que abogaron por los derechos de los haitianos y las personas de ascendencia haitiana enfrentaron ocasionales obstrucciones del gobierno.<\/p>\n\n\n\n Organismos gubernamentales de derechos humanos: la constituci\u00f3n establece la posici\u00f3n del defensor del pueblo de derechos humanos. Las funciones del defensor del pueblo son salvaguardar los derechos humanos y proteger los intereses colectivos. Tambi\u00e9n hay una comisi\u00f3n de derechos humanos, presidida por el ministro de asuntos exteriores y el fiscal general. La Oficina del Fiscal General tiene su propia divisi\u00f3n de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n Secci\u00f3n 6. Discriminaci\u00f3n, abusos sociales y trata de personas<\/strong> El Ministerio de la Mujer promovi\u00f3 activamente la igualdad y la prevenci\u00f3n de la violencia contra la mujer mediante la implementaci\u00f3n de programas de educaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n, as\u00ed como la capacitaci\u00f3n de otros ministerios y oficinas. El ministerio operaba refugios y brindaba servicios de asesoramiento, aunque las ONG argumentaban que estos esfuerzos eran inadecuados.<\/p>\n\n\n\n A pesar de los esfuerzos del gobierno, la violencia contra las mujeres, incluida la violaci\u00f3n, fue generalizada. En septiembre, el abogado Anibel Gonz\u00e1lez fue asesinado a tiros por su ex esposo Yasmil Fern\u00e1ndez, quien luego se suicid\u00f3. Fern\u00e1ndez atac\u00f3 previamente a Gonz\u00e1lez en 2017 y fue sentenciado a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por intento de asesinato. La prensa, la sociedad civil y los pol\u00edticos pidieron una investigaci\u00f3n y criticaron fuertemente a la Oficina del Fiscal General por su manejo del caso. La prensa y la sociedad civil cuestionaron por qu\u00e9 a Fern\u00e1ndez se le permiti\u00f3 usar un tel\u00e9fono celular mientras estaba encarcelado, desde donde realiz\u00f3 llamadas de acoso a Gonz\u00e1lez, y cuestionaron por qu\u00e9, en contravenci\u00f3n de la ley, Fern\u00e1ndez fue puesto en libertad condicional antes de completar la mitad de su condena. Los medios informaron que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n transfiri\u00f3 a un fiscal que se opuso a la petici\u00f3n de Fern\u00e1ndez de libertad anticipada. Su sucesor le otorg\u00f3 la libertad condicional a Fern\u00e1ndez en violaci\u00f3n de la ley. Despu\u00e9s de un incidente similar en noviembre que tambi\u00e9n result\u00f3 en el asesinato de una v\u00edctima por parte de su ex esposo recientemente liberado, la Oficina del Fiscal General present\u00f3 cargos civiles contra el fiscal involucrado en ambos casos.<\/p>\n\n\n\n Acoso sexual<\/strong>: el acoso sexual en el lugar de trabajo es un delito menor, y la condena conlleva una sentencia de un a\u00f1o de prisi\u00f3n y una multa equivalente a la suma de tres a seis meses de salario. Los l\u00edderes sindicales informaron que la ley no se hizo cumplir y que el acoso sexual segu\u00eda siendo un problema.<\/p>\n\n\n\n Coerci\u00f3n en el control de la poblaci\u00f3n: no hubo informes de aborto forzado o esterilizaci\u00f3n involuntaria.<\/p>\n\n\n\n Discriminaci\u00f3n:<\/strong> aunque la ley otorga a las mujeres y los hombres los mismos derechos legales, las mujeres no disfrutaban de un estatus u oportunidad social y econ\u00f3mica igual a la de los hombres. En noviembre, el Proyecto de Opini\u00f3n P\u00fablica de Am\u00e9rica Latina public\u00f3 hallazgos de que el 66 por ciento de los dominicanos cre\u00eda que los hijos de una mujer sufren cuando trabaja fuera de casa.<\/p>\n\n\n\n NI\u00d1OS<\/strong> Educaci\u00f3n<\/strong>: La constituci\u00f3n estipula la educaci\u00f3n p\u00fablica gratuita, obligatoria y universal hasta los 18 a\u00f1os. Las escuelas p\u00fablicas inscribieron a ni\u00f1os que carec\u00edan de documentaci\u00f3n de identidad y promovieron a ni\u00f1os indocumentados entre grados, aunque era necesario un documento de identidad para que el Ministerio de Educaci\u00f3n emitiera un diploma de escuela secundaria. . El Ministerio de Educaci\u00f3n y la Oficina del Vicepresidente, a trav\u00e9s del programa Progresando con la Solidaridad, trabajaron con las familias para ayudar con el registro tard\u00edo de la documentaci\u00f3n de nacimiento e identidad.<\/p>\n\n\n\n Abuso infantil<\/strong>: el abuso infantil, incluido el abuso f\u00edsico, sexual y psicol\u00f3gico, era un problema grave. La ley contiene disposiciones relativas al abuso infantil, incluido el maltrato f\u00edsico y emocional, la explotaci\u00f3n sexual y el trabajo infantil. La ley prev\u00e9 sentencias de dos a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de tres a cinco veces el salario m\u00ednimo mensual para las personas condenadas por abuso de un menor.<\/p>\n\n\n\n Matrimonio temprano y forzado:<\/strong> la edad m\u00ednima legal para contraer matrimonio con el consentimiento de los padres es de 16 a\u00f1os para los ni\u00f1os y 15 para las ni\u00f1as. El matrimonio, particularmente de mujeres menores de edad, menores de 18 a\u00f1os era com\u00fan. De acuerdo con una encuesta del gobierno apoyada por UNICEF en 2019, el 12 por ciento de las ni\u00f1as se casaron antes de los 15 a\u00f1os y el 36 por ciento a los 18 a\u00f1os. Adem\u00e1s, el 22 por ciento de las ni\u00f1as de 15 a 19 a\u00f1os hab\u00edan estado embarazadas, un problema directamente relacionado con el matrimonio temprano. Las ni\u00f1as a menudo se casaban con hombres mucho mayores. El matrimonio infantil se produjo con mayor frecuencia entre las ni\u00f1as sin educaci\u00f3n, pobres y que viven en zonas rurales. M\u00e1s de la mitad de las mujeres en el quintil m\u00e1s pobre del pa\u00eds se casaron a los 17 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Explotaci\u00f3n sexual de ni\u00f1os:<\/strong> la ley define la violaci\u00f3n legal como relaciones sexuales con cualquier persona menor de 18 a\u00f1os. Las ONG se\u00f1alaron que debido a la ley que permite el matrimonio con el consentimiento de los padres para ni\u00f1as de hasta 15 a\u00f1os, algunos hombres arreglan casarse con ni\u00f1as para evitar el enjuiciamiento por abuso infantil. Las penas por condena por violaci\u00f3n legal son de 10 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de 100,000 a 200,000 pesos ($ 2,000 a $ 4,000).<\/p>\n\n\n\n Los ni\u00f1os fueron explotados para tener sexo comercial, particularmente en lugares costeros, tur\u00edsticos y grandes \u00e1reas urbanas. El gobierno llev\u00f3 a cabo programas para combatir la explotaci\u00f3n sexual de menores.<\/p>\n\n\n\n Ni\u00f1os desplazados:<\/strong> grandes poblaciones de ni\u00f1os, principalmente haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, viv\u00edan en las calles y eran vulnerables a la trata.<\/p>\n\n\n\n Secuestros internacionales de menores:<\/strong> El pa\u00eds es parte en la Convenci\u00f3n de La Haya de 1980 sobre Secuestro internacional de menores. Consulte el Informe anual del Departamento de Estado sobre la sustracci\u00f3n internacional de menores por parte de los padres en https:\/\/travel.state.gov\/content\/travel\/en\/International-Parental-Child-Abduction\/for-providers\/legal-reports-and-data\/reported -cases.html.<\/p>\n\n\n\n ANTISEMITISMO<\/strong> TRATA DE PERSONAS<\/strong> PERSONAS CON DISCAPACIDADES<\/strong> La Asociaci\u00f3n Dominicana para la Rehabilitaci\u00f3n recibi\u00f3 el apoyo de la Secretar\u00eda de Salud P\u00fablica y de la Oficina de la Presidencia para brindar asistencia de rehabilitaci\u00f3n a personas con discapacidades f\u00edsicas y de aprendizaje y para operar escuelas para ni\u00f1os con discapacidades f\u00edsicas y mentales. La falta de transporte p\u00fablico accesible fue un impedimento importante.<\/p>\n\n\n\n La ley establece que el gobierno debe proporcionar acceso al mercado laboral y a las actividades culturales, recreativas y religiosas para las personas con discapacidad, pero la ley no se hizo cumplir de manera consistente. Hab\u00eda tres centros gubernamentales para el cuidado de ni\u00f1os con discapacidades: en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y San Juan de la Maguana. La informaci\u00f3n m\u00e1s reciente, de un informe del Ministerio de Educaci\u00f3n de 2016, encontr\u00f3 que el 80 por ciento de los estudiantes registrados con discapacidades asistieron a alg\u00fan tipo de escuela.<\/p>\n\n\n\n MINOR\u00cdAS NACIONALES \/ RACIALES \/ \u00c9TNICAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ley proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n por color de piel y nacionalidad. Hubo evidencia de prejuicio racial y discriminaci\u00f3n contra personas de tez oscura, haitianos o aquellos que se consideran haitianos. El gobierno neg\u00f3 que existieran tales prejuicios o discriminaci\u00f3n e hizo poco para abordar el problema. La sociedad civil y las organizaciones internacionales informaron que los funcionarios negaron servicios de atenci\u00f3n m\u00e9dica y documentaci\u00f3n a personas de ascendencia haitiana y migrantes haitianos (ver tambi\u00e9n las secciones 1.d., 2.d. y 2.g.).<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan informes de los medios, en junio una mafia en Santiago linch\u00f3 a un inmigrante haitiano e hiri\u00f3 gravemente a otro. Los hombres fueron acusados \u200b\u200bfalsamente de matar a un dominicano. El verdadero asesino, el pariente de la v\u00edctima, luego confes\u00f3 el crimen. Al finalizar el a\u00f1o, nadie hab\u00eda sido arrestado ni por el asesinato ni por el asalto violento contra los inmigrantes haitianos.<\/p>\n\n\n\n Un estudio de 2017 de la Oficina Nacional de Estad\u00edsticas y el Fondo de Poblaci\u00f3n de las Naciones Unidas estim\u00f3 que los haitianos constitu\u00edan el 7,4 por ciento de la poblaci\u00f3n, de los cuales dos tercios eran inmigrantes nacidos en Hait\u00ed y un tercio eran personas de ascendencia haitiana. En marzo, la CIDH se\u00f1al\u00f3 la ausencia de una pol\u00edtica integral para prevenir, proteger y castigar los actos de violencia contra los ciudadanos haitianos en el pa\u00eds. La CIDH evalu\u00f3 que el gobierno hab\u00eda implementado parcialmente las recomendaciones de la CIDH de 2017 para abordar esta preocupaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n ACTOS DE VIOLENCIA, DISCRIMINACI\u00d3N Y OTROS ABUSOS BASADOS EN ORIENTACI\u00d3N SEXUAL E IDENTIDAD DE G\u00c9NERO<\/strong><\/p>\n\n\n\n La constituci\u00f3n defiende los principios de no discriminaci\u00f3n e igualdad ante la ley, pero no incluye espec\u00edficamente la orientaci\u00f3n sexual o la identidad de g\u00e9nero como categor\u00edas protegidas. Proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n por \u201ccondici\u00f3n social o personal\u201d y exige que el estado \u201cprevenga y combata la discriminaci\u00f3n, la marginaci\u00f3n, la vulnerabilidad y la exclusi\u00f3n\u201d. La ley proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n basada en la orientaci\u00f3n sexual y la identidad de g\u00e9nero solo para las pol\u00edticas relacionadas con la juventud y el desarrollo juvenil.<\/p>\n\n\n\n En marzo, Amnist\u00eda Internacional public\u00f3 un informe que detalla incidentes de violaci\u00f3n policial y abuso de trabajadoras sexuales transg\u00e9nero (v\u00e9ase tambi\u00e9n la secci\u00f3n 1.c.). Otras ONG denunciaron abusos policiales, incluidos arrestos arbitrarios, violencia policial y extorsi\u00f3n contra personas LGBTI. Seg\u00fan las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades no documentaron ni investigaron adecuadamente los incidentes denunciados. Seg\u00fan un informe presentado por la sociedad civil al Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU, la ley no prev\u00e9 el enjuiciamiento de cr\u00edmenes de odio contra personas LGBTI por su orientaci\u00f3n sexual o identidad de g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n La discriminaci\u00f3n limit\u00f3 la capacidad de las personas LGBTI para acceder a la educaci\u00f3n, el empleo, la atenci\u00f3n m\u00e9dica y otros servicios. Las ONG informaron una discriminaci\u00f3n generalizada contra las personas LGBTI, en particular las personas transg\u00e9nero y las lesbianas, en la atenci\u00f3n de salud, educaci\u00f3n, justicia y empleo. Las personas LGBTI a menudo enfrentan intimidaci\u00f3n y acoso.<\/p>\n\n\n\n ESTIGMA SOCIAL POR VIH Y SIDA<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aunque la ley proh\u00edbe el uso de pruebas de VIH para evaluar a los empleados, Human Rights Watch, Amnist\u00eda Internacional y la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) informaron que los trabajadores de diversas industrias se enfrentan a pruebas obligatorias de VIH. Los trabajadores a veces fueron evaluados sin su conocimiento o consentimiento. Muchos trabajadores que ten\u00edan la enfermedad no fueron contratados, y algunos de los que ya estaban empleados fueron despedidos de sus trabajos o se les neg\u00f3 la atenci\u00f3n m\u00e9dica adecuada.<\/p>\n\n\n\n OTRA VIOLENCIA SOCIETAL O DISCRIMINACI\u00d3N<\/strong> Las ONG laborales informaron que las empresas se resistieron a las pr\u00e1cticas de negociaci\u00f3n colectiva y las actividades sindicales. Seg\u00fan los informes, las empresas despidieron a trabajadores por actividades sindicales y sindicalistas en la lista negra, entre otras pr\u00e1cticas antisindicales. Los trabajadores informaron que cre\u00edan que ten\u00edan que firmar documentos comprometi\u00e9ndose a abstenerse de participar en actividades sindicales. Las compa\u00f1\u00edas tambi\u00e9n crearon y apoyaron sindicatos \u201camarillos\u201d o respaldados por compa\u00f1\u00edas para contrarrestar sindicatos libres y democr\u00e1ticos. Se produjeron huelgas formales, pero no fueron comunes.<\/p>\n\n\n\n Algunas empresas utilizaron contratos a corto plazo y subcontrataci\u00f3n, lo que dificult\u00f3 la organizaci\u00f3n sindical y la negociaci\u00f3n colectiva. Pocas empresas ten\u00edan pactos de negociaci\u00f3n colectiva, en parte porque creaban obst\u00e1culos para la formaci\u00f3n de sindicatos y pod\u00edan permitirse pasar por largos procesos judiciales que los sindicatos independientes no pod\u00edan permitirse.<\/p>\n\n\n\n Los sindicatos en las Zonas Francas, que est\u00e1n sujetos a las mismas leyes laborales que todos los dem\u00e1s trabajadores, informaron que sus miembros dudaron en discutir la actividad sindical en el trabajo debido al temor a perder sus empleos. Los sindicatos acusaron a algunas empresas de las Zonas Francas de despedir a los trabajadores que intentaron organizar sindicatos.<\/p>\n\n\n\n B. PROHIBICI\u00d3N DEL TRABAJO FORZADO O OBLIGATORIO<\/strong> El gobierno inform\u00f3 que no recibi\u00f3 quejas de trabajo forzado durante el a\u00f1o, pero hubo informes de trabajo forzado de adultos y ni\u00f1os en la construcci\u00f3n, la agricultura y los servicios.<\/p>\n\n\n\n La ley se aplica igualmente a la explotaci\u00f3n de los trabajadores migrantes, pero la falta de documentaci\u00f3n de los trabajadores haitianos y la situaci\u00f3n jur\u00eddica incierta en el pa\u00eds los hizo m\u00e1s vulnerables al trabajo forzoso. Las ONG informaron que muchos trabajadores haitianos irregulares y ciudadanos de ascendencia haitiana no ejercieron sus derechos por temor a ser despedidos o deportados.<\/p>\n\n\n\n Consulte tambi\u00e9n el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado en https:\/\/www.state.gov\/trafficking-in-persons-report.<\/p>\n\n\n\n C. PROHIBICI\u00d3N DEL TRABAJO INFANTIL Y EDAD M\u00cdNIMA PARA EL EMPLEO<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ley proh\u00edbe el empleo de ni\u00f1os menores de 14 a\u00f1os y establece restricciones en el empleo de ni\u00f1os menores de 16 a\u00f1os, limitando sus horas de trabajo a seis horas por d\u00eda. Para las personas menores de 18 a\u00f1os, la ley limita el trabajo nocturno y proh\u00edbe el empleo en trabajos peligrosos, como trabajos que involucren sustancias peligrosas, maquinaria pesada o peligrosa y transporte de cargas pesadas. La ley establece sanciones por violaciones del trabajo infantil, incluidas multas y penas de prisi\u00f3n. Las sanciones fueron suficientes para disuadir las violaciones.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio de Trabajo, en coordinaci\u00f3n con el Consejo Nacional para Ni\u00f1os y Adolescentes, la Polic\u00eda Nacional, la Oficina del Fiscal General y los Comit\u00e9s de Vigilancia Local del Cuerpo Especializado de Seguridad Tur\u00edstica, es responsable de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil, y efectivamente hicieron cumplir ley. El gobierno ha establecido mecanismos para coordinar sus esfuerzos en materia de trabajo infantil.<\/p>\n\n\n\n La frontera porosa con Hait\u00ed permiti\u00f3 que algunos ni\u00f1os haitianos fueran traficados hacia el pa\u00eds, donde fueron obligados a la explotaci\u00f3n sexual comercial o forzados a trabajar en la agricultura, a menudo junto a sus padres, trabajo dom\u00e9stico, venta ambulante o mendicidad (ver tambi\u00e9n la secci\u00f3n 6) .<\/p>\n\n\n\n Consulte tambi\u00e9n los hallazgos del Departamento de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil en https:\/\/www.dol.gov\/agencies\/ilab\/resources\/reports\/child-labor\/findings.<\/p>\n\n\n\n D. DISCRIMINACI\u00d3N CON RESPECTO AL EMPLEO Y LA OCUPACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n La constituci\u00f3n crea un derecho de igualdad y no discriminaci\u00f3n, independientemente del sexo, color de piel, edad, discapacidad, nacionalidad, lazos familiares, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filosof\u00eda, y condici\u00f3n social o personal. La ley proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n, la exclusi\u00f3n o la preferencia en el empleo, pero no existe una ley contra la discriminaci\u00f3n en el empleo basada en la orientaci\u00f3n sexual o la identidad de g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n El gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley contra la discriminaci\u00f3n en el empleo. La discriminaci\u00f3n en el empleo y la ocupaci\u00f3n se produjo con respecto a las personas VIH \/ SIDA positivas; y contra personas con discapacidad, personas de color de piel m\u00e1s oscuro, personas de nacionalidad haitiana y mujeres (ver secci\u00f3n 6). En marzo, el informe anual de la CIDH observ\u00f3 con preocupaci\u00f3n la ausencia de pol\u00edticas concretas dirigidas a la reducci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n en el lugar de trabajo.<\/p>\n\n\n\n E. CONDICIONES DE TRABAJO ACEPTABLES<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ley establece un salario m\u00ednimo que var\u00eda seg\u00fan el tama\u00f1o de la empresa y el tipo de trabajo. A partir de octubre, el salario m\u00ednimo para todos los sectores, excepto los cosechadores de ca\u00f1a de az\u00facar, estaba por encima de la l\u00ednea oficial de pobreza; sin embargo, un estudio de la Fundaci\u00f3n Juan Bosch encontr\u00f3 que solo la mitad de las tasas de salario m\u00ednimo eran lo suficientemente altas como para que un trabajador pudiera pagar el presupuesto familiar m\u00ednimo. El gobierno estim\u00f3 que el 23 por ciento de la poblaci\u00f3n viv\u00eda en la pobreza.<\/p>\n\n\n\n La ley establece una semana laboral est\u00e1ndar de 44 horas, que no debe exceder las ocho horas por d\u00eda de lunes a viernes y cuatro horas los s\u00e1bados antes del mediod\u00eda. Sin embargo, los trabajadores agr\u00edcolas est\u00e1n exentos de este l\u00edmite y se les puede exigir que trabajen hasta 10 horas cada d\u00eda laboral sin compensaci\u00f3n de prima. La ley estipula que todos los trabajadores tienen derecho a 36 horas de descanso ininterrumpido cada semana. Aunque la ley establece vacaciones anuales pagadas y pago de primas por horas extras, la aplicaci\u00f3n no fue efectiva. La ley proh\u00edbe las horas extraordinarias excesivas u obligatorias y establece que los empleados pueden trabajar un m\u00e1ximo de 80 horas extra en el transcurso de tres meses.<\/p>\n\n\n\n El c\u00f3digo laboral cubre diferentes sectores por separado. Por ejemplo, la secci\u00f3n que cubre a las trabajadoras dom\u00e9sticas establece est\u00e1ndares m\u00e1s bajos para las horas de trabajo, descanso, licencia anual, licencia por enfermedad y remuneraci\u00f3n, y no prev\u00e9 notificaciones o pagos por indemnizaci\u00f3n. Las trabajadoras dom\u00e9sticas tienen derecho a vacaciones pagadas de dos semanas despu\u00e9s de un a\u00f1o de trabajo continuo, as\u00ed como a un bono navide\u00f1o equivalente al salario de un mes. El c\u00f3digo laboral tambi\u00e9n cubre a los trabajadores en las Zonas Francas, pero no tienen derecho a pagos de bonificaciones.<\/p>\n\n\n\n La ley se aplica tanto al sector formal como al informal, pero rara vez se aplica en el sector informal. Los trabajadores en la econom\u00eda informal enfrentaron condiciones de trabajo m\u00e1s precarias que los trabajadores formales.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio de Trabajo establece normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo que son apropiadas para las principales industrias. Por reglamento, los empleadores est\u00e1n obligados a garantizar la seguridad y la salud de los empleados en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Por ley, los empleados pueden retirarse de situaciones que ponen en peligro la salud o la seguridad sin poner en peligro su empleo, pero pueden enfrentar represalias menos severas.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades realizaron inspecciones pero no hicieron cumplir adecuadamente el salario m\u00ednimo, las horas de trabajo y los est\u00e1ndares de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Las sanciones por violaciones no fueron suficientes para disuadir las violaciones. El Ministerio P\u00fablico es responsable de perseguir y aplicar sanciones por violaciones laborales descubiertas por los inspectores laborales; aplicaba infrecuentemente sanciones en la pr\u00e1ctica. Durante el a\u00f1o, el Ministerio de Trabajo aument\u00f3 su fuerza laboral de inspectores en un 30 por ciento desde 2018, pero el n\u00famero de inspectores de trabajo sigui\u00f3 siendo insuficiente.<\/p>\n\n\n\n Las horas extraordinarias obligatorias eran una pr\u00e1ctica com\u00fan en las f\u00e1bricas, impuestas a trav\u00e9s de la p\u00e9rdida de salario o empleo para aquellos que se negaron. La Federaci\u00f3n Dominicana de Trabajadores de la Zona Franca inform\u00f3 que algunas empresas de la industria textil establecieron horarios de trabajo \u201ccuatro por cuatro\u201d, en virtud de los cuales los empleados trabajaban turnos de 12 horas durante cuatro d\u00edas. En algunos casos, a los empleados que trabajaban los horarios de cuatro por cuatro no se les pagaban horas extras por las horas trabajadas en exceso de las horas m\u00e1ximas de trabajo permitidas por la ley.<\/p>\n\n\n\n Las condiciones para los trabajadores agr\u00edcolas eran pobres. Muchos trabajadores trabajaban largas horas, a menudo 12 horas al d\u00eda y siete d\u00edas a la semana, y sufr\u00edan condiciones de trabajo peligrosas, incluida la exposici\u00f3n a pesticidas, largos per\u00edodos al sol, acceso limitado al agua potable y herramientas afiladas y pesadas. Algunos trabajadores informaron que no se les pag\u00f3 el salario m\u00ednimo legalmente obligatorio.<\/p>\n\n\n\n Los accidentes industriales causaron lesiones y muertes a los trabajadores, pero la informaci\u00f3n sobre el n\u00famero de accidentes no estaba disponible<\/p>\n\n\n\n .\u00a1Comparte esta noticia!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En inextenso, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situaci\u00f3n…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[178],"tags":[],"class_list":["post-363","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-entretenimiento"],"featured_image_urls":{"full":"","thumbnail":"","medium":"","medium_large":"","large":"","1536x1536":"","2048x2048":"","covernews-featured":"","covernews-medium":""},"author_info":{"info":[""]},"category_info":"Entretenimiento<\/a>","tag_info":"Entretenimiento","comment_count":"0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/363\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
A. PRIVACI\u00d3N ARBITRARIA DE LA VIDA Y OTROS ASESINOS ILEGALES O MOTIVADOS POL\u00cdTICAMENTE<\/strong>
Seg\u00fan datos del gobierno, m\u00e1s de 3.000 personas murieron durante enfrentamientos con la polic\u00eda o las fuerzas de seguridad entre 2007 y marzo de 2019. De este n\u00famero, se desconoc\u00eda el n\u00famero exacto de ejecuciones extrajudiciales. La Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (NHRC), una organizaci\u00f3n no gubernamental (ONG), inform\u00f3 que a partir de octubre hubo m\u00e1s de 70 ejecuciones extrajudiciales por parte de la polic\u00eda en 2019. Aunque esto represent\u00f3 una disminuci\u00f3n de aproximadamente un 30 por ciento desde 2018, los medios y la sociedad civil reconocieron que Muchos de estos casos no se denunciaron debido a la falta de fe en el sistema de justicia para presentar cargos. Seg\u00fan el informe, solo el 5 por ciento de estos casos fueron llevados a juicio en los \u00faltimos 15 a\u00f1os. La polic\u00eda inform\u00f3 que 31 funcionarios fueron retirados del servicio entre junio de 2016 y febrero de 2019 por participar en homicidios. El Inspector General de la Polic\u00eda inform\u00f3 que todos estos casos fueron remitidos a la Oficina del Fiscal General, pero pocos llevaron a juicio.<\/p>\n\n\n\n
No hubo informes de desapariciones por o en nombre de las autoridades gubernamentales.<\/p>\n\n\n\n
A. LIBERTAD DE EXPRESI\u00d3N, INCLUIDAS PARA LA PRENSA<\/strong><\/p>\n\n\n\n
El gobierno no restringi\u00f3 ni interrumpi\u00f3 el acceso a Internet ni censur\u00f3 el contenido en l\u00ednea sin la autoridad legal adecuada; sin embargo, hubo denuncias de que el gobierno supervis\u00f3 las comunicaciones privadas en l\u00ednea sin la autoridad legal adecuada.<\/p>\n\n\n\n
No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad acad\u00e9mica o los eventos culturales.<\/p>\n\n\n\n
La ley establece las libertades de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n pac\u00edficas, y el gobierno generalmente respet\u00f3 estos derechos.<\/p>\n\n\n\n
Vea el Informe de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado en https:\/\/www.state.gov\/religiousfreedomreport\/.F. PROTECCI\u00d3N DE LOS REFUGIADOS<\/strong>El gobierno cooper\u00f3 de manera limitada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protecci\u00f3n y asistencia a refugiados, solicitantes de asilo, ap\u00e1tridas y otras personas de inter\u00e9s.Funcionarios gubernamentales y ONG estimaron que entre 40,000 y 100,000 venezolanos viv\u00edan en el pa\u00eds. En diciembre, el gobierno instituy\u00f3 un reglamento que obliga a los venezolanos a solicitar una visa de turista antes de ingresar al pa\u00eds. Anteriormente, los venezolanos solo necesitan un pasaporte v\u00e1lido y recibir una visa de turista en el punto de entrada. Muchos venezolanos residentes en el pa\u00eds ingresaron legalmente antes de la nueva regulaci\u00f3n y se quedar\u00e1n m\u00e1s tiempo que la asignaci\u00f3n de tres meses.El gobierno no emiti\u00f3 lineamientos para facilitar la regularizaci\u00f3n del estatus de los venezolanos que viven en el pa\u00eds. La imposibilidad de solicitar el ajuste de estatus en el pa\u00eds obstaculiz\u00f3 el acceso de los venezolanos a los servicios b\u00e1sicos y afectados su vulnerabilidad a la explotaci\u00f3n laboral y la trata. Las asociaciones de inmigrantes venezolanos, con el apoyo de la OIM, coordinaci\u00f3n con las entidades del gobierno dominicano para proporcionar servicios de salud p\u00fablica y servicios legales esenciales para los inmigrantes venezolanos.<\/p>\n\n\n\n
La ley brinda a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno en elecciones peri\u00f3dicas libres y justas celebradas mediante votaci\u00f3n secreta y basadas en un sufragio casi universal e igualitario. La constituci\u00f3n proh\u00edbe que el personal militar y policial en servicio activo vote o participe en actividades pol\u00edticas partidistas.<\/p>\n\n\n\nSecci\u00f3n 4. Corrupci\u00f3n y falta de transparencia en el gobierno<\/h3>\n\n\n\n
MUJER
Violaci\u00f3n y violencia dom\u00e9stica:<\/strong> la ley penaliza la violaci\u00f3n de hombres o mujeres, incluida la violaci\u00f3n conyugal, la violencia dom\u00e9stica y otras formas de violencia, como el incesto y la agresi\u00f3n sexual. Las sentencias por violaci\u00f3n oscilan entre 10 y 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de 100,000 a 200,000 pesos ($ 2,000 a $ 4,000). La Oficina del Fiscal General supervisa la Unidad especializada de Prevenci\u00f3n y Atenci\u00f3n de la Violencia, que ten\u00eda 19 oficinas en las 32 provincias del pa\u00eds. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 a sus oficiales que no resolvieran los casos de violencia contra las mujeres y que continuaran los procesos judiciales incluso cuando las v\u00edctimas retiraran los cargos. Los fiscales de distrito brindaron asistencia y protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de violencia remiti\u00e9ndolas a instituciones apropiadas para recibir asesoramiento legal, m\u00e9dico y psicol\u00f3gico.<\/p>\n\n\n\n
Registro de nacimientos:<\/strong> la ciudadan\u00eda nace en el pa\u00eds, excepto para los ni\u00f1os nacidos de diplom\u00e1ticos, para aquellos que est\u00e1n \u201cen tr\u00e1nsito\u201d o para los padres que est\u00e1n ilegalmente en el pa\u00eds (ver tambi\u00e9n la secci\u00f3n 2.g.). Un ni\u00f1o nacido en el extranjero de madre o padre dominicano tambi\u00e9n puede adquirir la ciudadan\u00eda. Un ni\u00f1o no registrado al nacer permanece indocumentado hasta que los padres presenten una declaraci\u00f3n de nacimiento tard\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La comunidad jud\u00eda comprend\u00eda aproximadamente 350 personas. No hubo informes de actos antisemitas.<\/p>\n\n\n\n
Consulte el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado en https:\/\/www.state.gov\/trafficking-in-persons-report\/.<\/p>\n\n\n\n
Aunque la ley proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n contra las personas con discapacidades f\u00edsicas, sensoriales, intelectuales y mentales, estas personas sufrieron discriminaci\u00f3n en el empleo, la educaci\u00f3n, el sistema judicial y en la obtenci\u00f3n de servicios de salud y transporte. La ley establece el acceso a servicios b\u00e1sicos y acceso f\u00edsico para personas con discapacidades a todos los edificios p\u00fablicos y privados nuevos. Tambi\u00e9n especifica que cada ministerio debe colaborar con el Consejo Nacional de Discapacidad para implementar estas disposiciones. Las autoridades trabajaron para hacer cumplir estas disposiciones, pero persisti\u00f3 una brecha en la implementaci\u00f3n. Muy pocos edificios p\u00fablicos eran totalmente accesibles. La Oficina del Fiscal General firm\u00f3 un acuerdo con el Consejo de Personas con Discapacidades para proporcionar servicios y accesibilidad a las personas con discapacidades que acceden al sistema de justicia.<\/p>\n\n\n\n
En varias ocasiones, los ciudadanos atacaron y, a veces, mataron a presuntos delincuentes en represalias al estilo de los vigilantes por robo, robo o robo.A. LIBERTAD DE ASOCIACI\u00d3N Y DERECHO A LA NEGOCIACI\u00d3N COLECTIVA<\/strong>La ley establece el derecho de los trabajadores, con la excepci\u00f3n del ej\u00e9rcito y la polic\u00eda, a formar y unirse a sindicatos independientes, realizar huelgas legales y negociar colectivamente; sin embargo, impone varias restricciones a estos derechos. Por ejemplo, un requisito, considerado excesivo por la OIT, restringe los derechos sindicales al exigir que los sindicatos representen al 51 por ciento de los trabajadores de una empresa para negociar colectivamente. Adem\u00e1s, la ley proh\u00edbe las huelgas hasta que se cumplan los requisitos de mediaci\u00f3n obligatorios. Los requisitos formales para que una huelga sea legal tambi\u00e9n incluyen el apoyo de una mayor\u00eda absoluta de todos los trabajadores de la empresa para la huelga, una notificaci\u00f3n por escrito al Ministerio de Trabajo y un per\u00edodo de espera de 10 d\u00edas despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n antes de que la huelga pueda continuar. Los trabajadores del gobierno y el personal esencial del servicio p\u00fablico no pueden hacer huelga. El gobierno considera que los maestros son esenciales, al igual que los trabajadores del servicio p\u00fablico en comunicaciones, suministro de agua, suministro de energ\u00eda, hospitales y farmacias.La ley proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n antisindical y proh\u00edbe a los empleadores despedir a un empleado por participar en actividades sindicales, incluida la participaci\u00f3n en un comit\u00e9 que busca formar un sindicato. Aunque el Ministerio de Trabajo debe registrar los sindicatos para que los sindicatos sean legales, la ley establece el reconocimiento autom\u00e1tico de un sindicato si el ministerio no act\u00faa en una solicitud dentro de los 30 d\u00edas. La ley permite a los sindicatos realizar sus actividades sin interferencia del gobierno. Los trabajadores del sector p\u00fablico pueden formar asociaciones registradas a trav\u00e9s de la Oficina de Administraci\u00f3n P\u00fablica. La ley exige que el 40 por ciento de los empleados de una entidad gubernamental acepte unirse para que se forme la asociaci\u00f3n. Seg\u00fan el Ministerio de Trabajo, la ley se aplica a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores extranjeros, los que trabajan como trabajadores dom\u00e9sticos, los trabajadores sin documentaci\u00f3n legal y los trabajadores en las zonas de libre comercio (ZLC).El gobierno no hizo cumplir efectivamente las leyes relacionadas con la libertad de asociaci\u00f3n y la negociaci\u00f3n colectiva. La aplicaci\u00f3n y las sanciones no fueron suficientes para disuadir las violaciones. El proceso para abordar las violaciones laborales a trav\u00e9s de los tribunales penales puede llevar a\u00f1os, dejando a los trabajadores con protecci\u00f3n limitada mientras tanto. Hubo informes de intimidaci\u00f3n, amenazas y chantaje por parte de los empleadores para evitar la actividad sindical. Algunos sindicatos requer\u00edan que los miembros proporcionaran documentos de identidad para participar en el sindicato a pesar del hecho de que el c\u00f3digo laboral protege a todos los trabajadores independientemente de su estatus legal.<\/p>\n\n\n\n
La ley proh\u00edbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La ley prescribe encarcelamiento y multas para las personas condenadas por realizar trabajos forzados. Dichas sanciones fueron lo suficientemente estrictas como para disuadir las violaciones.<\/p>\n\n\n\n